Dos de los nuevos ministros de Iván Duque estarían involucrados en el uso indebido de recursos públicos

El ‘revolcón’ ministerial que se viene pidiendo desde hace varios meses por distintos sectores de opinión no ha terminado por darse como se esperaba pues, luego del nombramiento de 3 nuevas personas en las distintas carteras, desde ya empiezan a generar desconfianza por su evidente cercanía al Centro Democrático pese a que sus nombramientos se dieron con el argumento de que estos cuentan con la preparación académica suficiente para el cargo.

Según un informe presentado por el informativo Noticias Uno, dos de los tres nuevos ministros designados por el presidente Duque estarían relacionados con polémicas por gasto público; uno de ellos es Ángel Custodio Cabrera, nombrado como nuevo ministro de Trabajo; Cabrera, pese a hacer parte del Partido de la U, es más relacionado con el Centro Democrático al haber sido nombrado por el presidente Iván Duque como representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Cabrera, según el informativo ha estado involucrado en distintos escándalos a lo largo de su vida política, entre ellos uno ocurrido en 2016 junto a varios empleados y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad a la que se le ha vinculado desde hace años por su supuesto padrinazgo a los trabajadores de la corporación.

El escándalo, también denunciado por Noticias Uno, reveló que se habría organizado la fiesta de cumpleaños de Cabrera, cobrando una cuota a cada trabajador para la realización y entrada de esta, la cual era de carácter obligatorio; además, la celebración fue motivo de suspensión de las actividades de la entidad durante aquel día.

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Por otra parte, el nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, cuenta con una investigación adelantada por la Contraloría Distrital de Cartagena por un caso de responsabilidad fiscal mientras este trabajaba en la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). La denuncia afirma que Findeter habría participado en el detrimento patrimonial de 1100 millones de pesos de la ciudad de Cartagena, por presuntas irregularidades en un convenio entre el distrito y la empresa.


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